martes, junio 27, 2017

Misión de la ONU confirma entrega total de las armas de las FARC en Colombia

La misión de Naciones Unidas confirmó este lunes que se completó la tercera fase de dejación de armas de la guerrilla.






La Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó este lunes la recepción de las armas entregadas por la guerrilla en Colombia.

En un comunicado publicado en su página web, se indicó que en la tercera fase de dejación han recolectado 7.137 armas, salvo las que, de acuerdo a lo pactado, permenecerán en las 26 zonas veredales de normalización para salvaguardar los campamentos.

Según se tenía estimado, la guerrilla más antigua del continente debía entregar unas 7.000 armas y alrededor de 900 "caletas" o escondites. La ONU confirmó que han verificado la existencia de 77 de esos búnkers con armamento, de los cuales fueron destruidas "las municiones, explosivos y armamento inestable".

viernes, junio 16, 2017

Trabajo con ONU - DDHH

ONU ddhh informa que ha salido la convocatoria de dos puestos para trabajar en Quibdó con la Oficina de ONU Derechos Humanos para trabajar con las víctimas de Bojayá dinamizando sus procesos de desarrollo y paz.
 Son diez meses y el salario mensual aproximado es de $8.000.000. El plazo para presentarse vence el día 21 de junio de 2017.

https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=10577&hrs_jo_pst_seq=1&hrs_site_id=2

'El asbesto enferma a Colombia'

Camillas, tubos de oxígeno y activistas caracterizados como enfermos postrados en el centro de Bogotá.
La escena sorprendió y llamó la atención de los transeúntes durante la mañana por las calles de la ciudad.
 La acción fue llevada a cabo por Greenpeace, la ONG que bajo el lema “El asbesto sigue enfermando a Colombia”, busca alertar a la ciudadanía del devastador y mortal peligro que el asbesto, de manera silenciosa e invisible, está generando en la salud de los colombianos.

 Greenpeace advierte en su nueva campaña.
© Camilo Rozo/Greenpeace



El objetivo de Greenpeace es que la empresa Eternit deje de fabricar y comercializar productos con asbesto, la mayoría de los cuales son destinados al sector de la construcción y que, según diversos estudios internacionales, es causante de enfermedades cancerígenas.

© Camilo Rozo/Greenpeace

🙀 “Desde su fundación, Eternit ha cubierto más de 300 millones de metros cuadrados con sus tejas, ha servido a 1 millón y medio de viviendas con sus tanques y ha extendido cerca de 40.000 km de tubería de acueducto y alcantarillado. Esto representa un peligro silencioso, pero mortal para los colombianos. Por eso invitamos a la ciudadanía a que le reclame a Eternit para que detenga la producción de asbesto en el país”, explica Silvia Gómez, coordinadora local de Greenpeace en Colombia.

Según un informe elaborado en forma conjunta entre la Universidad de los Andes y Greenpeace, el asbesto -en particular la variedad llamada “crisotilo” que se utiliza actualmente en Colombia- tiene serios impactos en la salud, provocando enfermedades por la inhalación de pequeñas fibras que se desprenden de los productos que las contienen y se desplazan de manera imperceptible por el aire.

miércoles, junio 14, 2017

Periódico

Seriedad y compromiso ayudan a fortalecer su imagen.
Anuncie con nosotros.
Anuncio en periódico impreso (1),
en prensa digital durante un mes continuo.
 
316 483 9736

jueves, junio 08, 2017

CHANDASMA, de los productores de VIRUS TROPICAL, buscará aliados en ANNECY como parte de los MIFA Pitches.

CHANDASMA, de los mismos productores de VIRUS TROPICAL (Estreno 2018), buscará nuevos aliados en ANNECY como parte de los MIFA Pitches.


lbv.- El proyecto en desarrollo producido por Timbo Estudio, compañía productora que en 2018 estrenará Virus tropical, hará parte de los pitches del Mercado Internacional de Cine de Animación – MIFA – que se llevará a cabo como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el evento más importante para este lenguaje en el mundo entero.
Cuando Renata se ve obligada a irse a vivir con su gruñona Tía Eva, se embarcará sin saberlo en la aventura de su vida, pues allá conocerá a Chandasma, un perro callejero que se ha convertido en un fantasma y ha perdido sus memorias, pero ha recibido a cambio poderes increíbles.
Esta es la historia colombiana, escrita y dirigida por David Mauricio Restrepo y producida por Carolina Barrera, que se presentará ante los numerosos agentes de venta, productores, distribuidores y demás profesionales que harán parte del Mercado Internacional de Cine de Animación –MIFA -, que este año tendrá lugar desde el 13 hasta el 16 de junio en la ciudad francesa.

La película, que se encuentra en desarrollo, se presentará en los MIFA Pitches en la categoría de película de ficción, siendo la única representación colombiana y latinoamericana de esta categoría. En MIFA participaran alrededor de 370 compradores y distribuidores de todos los países del mundo, que compartirán con cerca de 2800 profesionales acreditados y que en total, representarán a 68 países del mundo entero.  Estas cifras hablan por sí solas de la importancia de este espacio, que hará parte de la edición 2017 del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el más importante para el lenguaje animado en el mundo entero.

Condenado Antonio Nel Zúñiga Caballero socio de Urapalma por desplazamiento y despojo de tierras.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) condenó al empresario de palma de la región del Bajo Atrato chocoano, Antonio Nel Zúñiga Caballero, a 10 años de prisión y la multa de 2.683 salarios mínimos mensuales vigentes, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.




La decisión fue tomada tras resolver la apelación que presentó al Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado que en 2014 que lo había condenado solo por el cargo de invasión de áreas de especial importancia ecológica en la región de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Al realizar el análisis para dosificar la pena a imponer, el Tribunal Superior de Medellín aseguró que: “la multiplicidad de victimas generados por los desplazamientos, el despojo de tierras y bienes promovido por la ilegal asociación conformada por estructuras paramilitares que actuaron en connivencia con empresarios de palma como el acusado, cuya estela de violencia evidencia el daño real irrogado a estas comunidades, a su tejido social y el menoscabo de la institucionalidad y la democracia en las regiones afectadas por el fenómeno analizado en este proveído”.

El rol de las empresas en el conflicto de Colombia no puede ser ignorado.

AQ.- A medida que el país enfrenta décadas de violencia, los funcionarios corporativos de empresas como Chiquita también deben ser responsables.

POR TYLER GIANNINI, MACKENNAN GRAZIANO Y KELSEY JOST-CREEGAN*





Dominio Público / Pixabay
AQ.- Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el presidente Donald Trump en Washington, DC, el debate sobre la implementación colombiana del acuerdo de paz tomó el asiento trasero a otros temas, incluyendo la importancia de la cooperación económica continua.

"Somos y deseamos seguir siendo el mejor destino en América Latina para los negocios estadounidenses", comentó Santos en una conferencia de prensa conjunta.

En Colombia, sin embargo, las perspectivas de conflicto y de negocios han estado históricamente entrelazadas, y para que la paz y la cooperación económica progresen, el legado de los negocios de los Estados Unidos para alimentar el conflicto de décadas, debe ser abordado.
 Chiquita Brands International es un buen ejemplo. La empresa admitió haber pagado 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 al grupo paramilitar colombiano de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), famoso por los brutales ataques contra civiles de la época. Hoy, como Colombia trabaja para asegurar una paz duradera, es importante responsabilizar no sólo a quienes dispararon las balas, sino también a quienes ayudaron a pagar por ellas.

Aunque Chiquita como entidad corporativa se declaró culpable de financiar a las AUC en 2007, diez años más tarde, ni un solo funcionario corporativo ha sido acusado ni procesado, ni en los Estados Unidos ni en Colombia. Tanto el acuerdo de súplica como los documentos internos de la compañía obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington revelan que funcionarios corporativos de alto nivel diseñaron e implementaron esquemas de contabilidad complejos para Chiquita, con el propósito de oscurecer más de 100 pagos a la organización paramilitar.
 Año tras año, pago tras pago, la evidencia muestra que los funcionarios corporativos tomaron decisiones para proteger sus intereses y continuar financiando ilegalmente a las AUC, sin embargo ninguno de ellos ha sido considerado responsable.

lunes, junio 05, 2017

Seis meses del Acuerdo Final: entre la estabilidad y la improvisación

No ha sido fácil desarrollar el Acuerdo de paz. Hay retrasos inexcusables y peligros al acecho. Pero también hay avances importantes y motivos para mantener el optimismo, en especial si se corrigen algunos errores.
Katherine Aguirre Tobón*




No alcanzaron seis meses

razonpublica-Katherine Aguirre Tobón*.- Se cumplieron seis meses de la firma del Acuerdo de paz con las FARC. La fecha del Día D +180 (mayo 31) marcaba un hito fundamental del avance del proceso. Sin embargo, el día pasó casi desapercibido.

Pero más allá de las críticas de la oposición y de las discusiones sobre la seguridad jurídica del proceso o sobre los incumplimientos de las partes, hay un hecho indiscutible: el cese al fuego se ha mantenido.

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) no se han registrado ataques ni combates entre las FARC y la Fuerza Pública, de manera que no ha habido nuevas bajas y se han evitado cerca de 3 mil muertes con ocasión del conflicto.

Según el texto del Acuerdo de Paz, el Día D+180 debía marcar el fin de las zonas transitorias de normalización, así como la total dejación de las armas.

Esto estaría acompañado con el fin del cese del fuego y el cierre definitivo de las confrontaciones entre el Estado y el grupo insurgente. Ante la imposibilidad de cumplir estas metas en el plazo definido, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), ha decidido posponer las fechas del D+180.
Esto vino acompañado de una cascada de decretos presidenciales para “meterle el acelerador” a la implementación.

Junio 20 es la nueva fecha para concluir el proceso de dejación de armas, y el 1 de agosto se dará fin a la concentración de los miembros de las FARC para su posterior reintegración.

El plazo para el desmantelamiento final de los campamentos ha quedado en tres meses. Este es el nuevo cronograma.

Semanas antes del “Día D +180” sorprendía la excesiva confianza del Estado y de la ONU en que los tiempos se podrían cumplir.
Por eso esta declaración, aunque tardía, brinda cierta claridad sobre los pasos a seguir, aunque demuestra el alto nivel de improvisación de todo el proceso.

Casos como el ingreso de infantes de marina a una zona en Guaviare, así como la captura de Yimmi Ríos en Bogotá demuestra como procesos básicos aun no están refinados, poniendo día a día en fuerte riesgo la delicada paz en Colombia.

La importancia del cese del fuego

Pasar este período significa que se ha superado el momento más crítico del post-acuerdo. La experiencia internacional ha mostrado que el riesgo de recaer en el conflicto es muy alto. Según algunos estudios existe un 50 por ciento de posibilidades que el conflicto se reactive durante la década siguiente.
Este hecho se explica por las débiles condiciones de la paz debido a los asuntos de la agenda que aún no hayan tenido pleno cumplimiento.

En el corto plazo son especialmente preocupantes las disidencias que aún conservan sus armas y su presencia territorial, así como las rupturas del cese del fuego más o menos intencionales por cualquiera de las partes.

sábado, junio 03, 2017

Contundente operativo contra la extorsión

Desarticulada estructura delincuencial “las gatas” dedicada a cobrar giros extorsivos mediante modalidad carcelaria.



En el mes de agosto del año 2015, se da inicio a un proceso investigativo por parte del grupo Gaula de la Policía Nacional, responsable de realizar cobros de dineros a través de diferentes empresas de giros a nivel nacional, los cuales eran producto de extorsiones en la modalidad carcelaria “suplantación de autoridad” e “integrantes de grupos al margen de la ley”.

Los investigadores llevaron a cabo la recolección de suficiente material probatorio consistente en fuentes humanas, inspecciones judiciales, cotejos dactilares y triangulación de llamadas, logrando detectar el accionar de esta organización en diferentes ciudades del territorio nacional, además se logra establecer los movimientos de dinero producto de extorsión al interior de la organización y la afectación al patrimonio económico del que fueron sus víctimas.

Las llamadas extorsivas realizadas a las víctimas fueron originadas desde el centro penitenciario “La Pola”, ubicado en el municipio de Guaduas (Cundinamarca). Liderado por un hombre apodado como “yiyo”, recluido en este centro penitenciario pagando una condena por el delito de hurto calificado y agravado, siendo este el responsable de realizar las extorsiones y encargado de coordinar el cobro de dineros producto del ilícito, así mismo era el que ordenaba como se distribuía el dinero dentro de la organización delincuencial.

sábado, mayo 27, 2017

Paros cívicos y laborales: los motivos y las respuestas

razonpublica-Boris Duarte*.- Ante la ola de protestas y movilizaciones sociales, el gobierno sigue respondiendo con una mezcla de represión, concesiones y promesas que incumple. Pero la firma de los acuerdos de paz podría hacernos entender que la protesta social es saludable.



Tratamiento represivo

Aun cuando en muchas sociedades existen normas que regulan el ejercicio de la protesta, muy pocas se comparan con los mecanismos, muchas veces violentos, de normalización y de control que restringen la protesta ciudadana en países como el nuestro.

En Colombia la protesta y el conflicto social son vistos y tratados por el Estado y las élites políticas como una amenaza e incluso como un “enemigo interno”. La legislación vigente – el nuevo Código de Policía, por ejemplo – no solo no garantiza la libertad de expresión sino que reprime y penaliza la protesta ciudadana como un delito.

Para muestra, dos botones. El pasado mes de marzo fue capturada Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del César, acusada por la Fiscalía de Cartagena de organizar marchas “de alta peligrosidad al orden del Estado”. Huber Ballesteros fue capturado cuando encabezaba el paro agrario en 2013.

Estos casos son ejemplos, entre muchos, del tratamiento represivo que recibe la protesta ciudadana en Colombia, no obstante su definición oficial como un “Estado Social de Derecho” y su autoproclamación como una democracia en proceso de “apertura política”. Lo más grave es el hecho de que la Fiscalía trate una y otra vez de asociar las actividades de protesta social con las acciones de la insurgencia, y de este modo vincule la protesta ciudadana con los delitos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.

Cada vez hay más protestas 
¿Es el ESMAD la fuerza que debería “controlar”
la protesta social en el posconflicto?
Foto: Policía Nacional de los Colombianos
Pero a pesar del control y de la estigmatización – legal e ilegal –, la protesta social en Colombia aumenta de manera progresiva. Su capacidad no debe medirse tanto por el número de participantes en las marchas o eventos en las calles -que suelen ser muy cambiantes- sino por su grado de influencia sobre los asuntos públicos del país.

Para empezar menciono algunas de las movilizaciones más importantes del pasado cercano:

 * La década que estamos viviendo comenzó con dos de las convergencias de movimientos sociales de izquierda más importantes de los últimos años - el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica- que recogieron el legado de una larguísima historia de protestas, y lanzaron sus propuestas en medio de sendas movilizaciones. En el año 2010 estos dos movimientos lograron la unión de numerosos organizaciones campesinas, indígenas, afro, estudiantiles, de mujeres, ambientalistas y urbanas de todo el país.

 * Las banderas principales de estos movimientos han girado alrededor del derecho a la tierra y la reforma agraria, la defensa de la riqueza natural, la solución política del conflicto armado, la reparación integral de las víctimas, y la soberanía popular.

 * En 2011 y 2012 tuvimos el paro nacional universitario y las masivas movilizaciones de estudiantiles encabezadas por la MANE, que contaron con el apoyo de los rectores de las universidades públicas y de las familias colombianas, y que lograron tumbar el proyecto de contrarreforma de la ley 30 que había sido presentado por el gobierno nacional y que buscaba privatizar la educación superior pública.

 * En 2013 la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otras organizaciones conformaron la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La Cumbre Agraria, como se denominó este movimiento, convocó en 2014 el famoso paro agrario (que paralizó al país aunque a juicio del presidente Santos no existió).

 * El paro reclamaba mayor atención a la crisis del campo colombiano, lo cual obligó al gobierno a expedir el decreto 870 de 2014 para formalizar una mesa única de interlocución con las organizaciones de la Cumbre Agraria, y lo obligó además a destinar 250 mil millones de pesos mediante una línea especial con el Fondo de Fomento Agropecuario, para el fomento de la economía campesina, indígena y afro.

 * Pero no todas las protestas son convocadas por la oposición de izquierda. En 2014 el turno fue para los sectores influenciados por el uribismo, que convocaron marchas en las principales ciudades para protestar contra la “entrega del país” que el gobierno le estaba haciendo a las FARC. Estos sectores han sido muy activos y constantes, y aun cuando alguno de sus métodos sean muy discutibles (por ejemplo su idea de “resistencia civil”), no cabe duda de que han tenido una influencia decisiva, como ocurrió con el triunfo del “no” en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y con su oposición constante al desarrollo normativo de los acuerdos de paz en el Congreso.

 * Más recientemente, a mediados de 2016, los trasportadores lograron paralizar el país. Su protesta, que incluyó bloqueos de las principales vías del país, buscaba que el Estado controlara la sobreoferta de vehículos de carga, y bajara los costos sobre todo en los peajes y los combustibles, además de algunos programas sociales para los conductores y mayor seguridad en las vías.

 * En marzo del presente año, y gracias a las protestas de años atrás, se llevó a cabo una consulta popular que les dio la posibilidad a los habitantes de Cajamarca para rechazar la actividad minera en su municipio. Y en esto no están solos: en otros seis municipios de cinco departamentos, los ciudadanos votaron o se aprestan a votar contra proyectos auríferos, petroleros o hidroeléctricos que habían sido aprobados por el gobierno nacional.

 * No por menos conocidas debo dejar de mencionar las acciones de protesta de los artistas y trabajadores de circo que hace poco reclamaron una jornada de trabajo (sin precedentes en nuestra legislación), la baja en los impuestos a su actividad y mayor apoyo del Estado a su forma de subsistencia.