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Pacto por la verdad y una Fiscalía que no sea para la venganza: presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro dijo que espera, como jefe de Estado y como ciudadano, que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en instrumento de persecución y venganza por razones políticas.
​​El presidente Gustavo Petro propuso u ‘pacto por la verdad’ que permita saber
qué paso en grandes hechos criminales sin usar la justicia como venganza. 


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Durante el acto de posesión de la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo, el mandatario dijo que “ya la he sufrido (la persecución por razones políticas), y que espera es una Fiscalía que le permita a la ciudadanía “que exista justicia”.

“La mayoría de la ciudadanía, en estos temas, desconfía de la eficacia de la justicia”, agregó, tras explicar que esto es lo que genera la percepción de inseguridad, “no tanto que hay delito, pero es más allá: los problemas de la convivencia, los problemas vecinales, la intolerancia incluso dentro de la familia parte la percepción de inseguridad”, afirmó.

“Ahora tenemos esta responsabilidad, Fiscal”, señaló el presidente Petro a la fiscal Camargo. “Yo lo que pediría que hagamos una reforma a la justicia, algo simple, ir a lo fundamental”.

El mandatario propuso, entonces, un pacto por la verdad, donde la Fiscalía General no sea utilizada como instrumento de venganza, pero que sí permita acabar con la impunidad.

Incluso, anunció la Cruz de Boyacá para la Corte Suprema de Justicia que tuvo la valentía de abrir las investigaciones pernales por la llamada ‘parapolítica’.

“A esa Corte Suprema de Justicia que yo conocí hay que darle la Cruz de Boyacá. Esa Corte Suprema de Justicia debe tener la Orden de Boyacá porque hizo algo que es romper la historia y la inercia y abrir el velo de la verdad”.

Fragmentación j​udicial

El jefe de Estado reiteró que para acabar la impunidad se requiere desmantelar la fragmentación de los procesos en tribunales. “El proceso fragmentado en sí mismo, cuando debería ser juzgado como toca, el delito sistemático de lesa humanidad, el genocidio”.

Esa propuesta, que iría al Congreso de la República, “es de concertación, con pocos artículos, unas cuantas hojas tamaño carta, pero es la posibilidad de pasar a otro ámbito de la justicia porque si es la verdad el detonante real de un proceso judicial, yo acepto beneficios jurídicos a cambio de verdad, lo acepto pero que no sea la venganza”, insistió.

Al respecto, consideró que tres décadas después de expedida la Constitución de 1991 “el Estado Social de Derecho es una garantía prometida, puntos suspensivos…”, dijo para referirse a que es una de las fallas de la aplicación de la Carta Fundamental.

Lo que se necesita es algo así cómo no es acercar la norma a la realidad, sino la realidad a la norma en una especie de idealismo jurídico, advirtió.

“No es tanto transformar la norma, es transformar la realidad, y aquí estamos ante esos retos. Cómo transformar la realidad, es mi responsabilidad primera como Presidente de la República”, señaló.

El jefe de Estado también reiteró que al integrar la terna de la que fue elegida la fiscal Camargo, lo hizo pensando no en que la Fiscalía le cuide la espalda.

“Yo hice una terna donde a nadie conocía; me decían amigos familiares, copartidarios ‘no sea bobo y hay que poner a alguien que le cuide la espalda’, Creo que uno de los desastres es que la Fiscalía te cuide la espalda, porque es utilizar la Fiscalía y meterla en la política, y en este caso la justicia para resolver el conflicto político”.

El presidente Petro concluyó que “una terna que garantice que no le va a cuidar la espalda al Presidente, obliga a que el Presidente tiene que ser recto y ético porque se la van a cobrar con cualquier desliz”.

La UNGRD es un desastre desde que se fundó, dijo presidente Gustavo Petro

 El presidente Gustavo Petro aseguró que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “no solo es un desastre de este gobierno, es un desastre desde que se fundó".

Foto: Joel González - Presidencia
 San Marcos, Sucre​, 20 de marzo de 2024.- En sus palabras a los asistentes a la Institución Educativa San Marcos, Sucre​, en el marco del Gobierno con el Pueblo Sur del Caribe, el mandatario afirmó que “a esa entidad se la han robado todos los años; ha generado gente, que se puede contar ya entre los más ricos de Colombia, llevándose el dinero público a través de una contratación directa, porque la ley la creo así y en donde han pasado cada vez más dineros, billones, porque cada vez son más grandes los desastres".

Comentó que hace un año, cuando se registró la emergencia por las inundaciones en La Mojana, dio la orden para que los contratos de las ollas comunitarias para atender “el hambre de la población" fueran adelantados con las Juntas de Acción Comunal.

Manifestó que en los desastres existen “contratistas y políticos que se están robando la plata, eso ya lo sabíamos y, entonces, dijimos: la contratación se hace con la Junta de Acción Comunal y ahora me entero que voltearon la arepa en el camino y que empezaron a hacer lo mismo que la politiquería, y cuando se hace lo mismo que la politiquería, se roban la plata".

“Esto significa, así de simple, que nos traicionaron", enfatizó.

Fondo de Adaptación

​En su intervención, el presidente Petro manifestó que al Fondo de Adaptación hay que “darle toda la seriedad que corresponde en la vida institucional nueva de Colombia alrededor de este tema" del cambio climático.

“El Fondo de Adaptación tiene que encargarse y separarse mucho de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para pensar —aquí el afán no funciona—, y aquí en La Mojana, así que se produce un conflicto entre el afán y pensar la solución", aseguró.

Explicó que “el afán no lleva a la emergencia, la urgencia, rápido, qué hacemos, tapemos Caregato, es lo primero que uno piensa".

“Eso no significa, entonces, atender la emergencia, sino gestionar el riesgo. Mire la palabra: prevenir la emergencia es recoger los muertos, la gestión del riesgo es evitar que la gente se muera", anotó.

Comentó que “pensar y actuar sobre el problema le va a corresponder al Fondo de Adaptación, que dice la ministra de Ambiente y creo que está bien concebido, debe inscribirse en el Ministerio de Ambiente, porque cada vez más, pues es obvio la adaptación a la crisis climática es un problema del ambiente, nos está cambiando el ambiente rápidamente y no para bien".

El mandatario, durante su intervención, anunció que la arquitecta Helga Rivas, quien se encuentra como directora encargada del Fondo de Adaptación desde enero pasado, será la nueva titular de esta entidad.
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La Contraloría identifica proyectos críticos y elefantes blancos por $91.404 millones, en el departamento de Quindío

La Contraloría General de la República han identificado en el departamento del Quindío, nueve (9) proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos y Proyectos Críticos que siguen activos, por un valor de $91.404 millones, los cuales están discriminados de la siguiente manera: Cinco (5) proyectos categorizados como elefantes blancos, por un valor de $14.446 millones.
Cuatro (4) proyectos catalogados como críticos, que registran un valor de $76.958 millones.

Dentro del top 3 de proyectos con más cantidad de recursos invertidos en el departamento de Quindío están:El proyecto más costoso es el “COMPLEJO ACUÁTICO”, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Armenia, por un total de $36.489 millones, categorizado como Proyecto crítico en el Sector Deporte y Recreación.

El segundo proyecto con mayor cantidad de recursos comprometidos es el “COLISEO MULTIDEPORTES”, categorizado como Proyecto crítico en el sector Deporte y Recreación por un total de $33.840 millones.

El tercer proyecto con mayor cantidad de recursos comprometidos es el “CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN ARMENIA”, por un total de $4.999 millones del sector de Cultura, categorizado como Elefante Blanco u Obra Inconclusa.

Con el ánimo de rescatar estos proyectos, la CGR abre espacios de diálogo con la finalidad que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebren acuerdos de gestión ante la ciudadanía con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio y beneficio de la comunidad.

La Contraloría acompaña actualmente a la ciudadanía en el seguimiento a varios proyectos estratégicos, que se mencionan a continuación:Frente a la Doble Calzada Calarcá-Cartago, que presenta un avance físico del 56% y financiero del 67%, se han llevado a cabo 10 mesas de diálogo ciudadano y diferentes visitas de campo con todos los actores interesados, con lo cual se ha logrado un avance significativo en la ejecución de la obra, como también, la agilización en la expedición de la licencia de sustracción de una reserva forestal para completar la vía La María-Calarcá.

Respecto la construcción del Coliseo Multideportes en Armenia, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, la CGR viene apoyando el fortalecimiento de la veeduría ciudadana “por un deporte digno” para que la obra sea una realidad, logrando que se superen los retrasos a los que ha estado sometida esta obra. Actualmente, el Coliseo Multideportes pese a tener un avance físico del 63% y financiero del 72%, la administración departamental incumplió la entrega oficial del proyecto que debió ser puesto en funcionamiento para los Juegos Nacionales del 2023.

Sobre la Institución Educativa la Adíela-Sede la Cecilia, la CGR mediante mesas de seguimiento acompañó para que la Pía Sociedad Salesiana, permitiera ocupar una extensión de terreno por una cuantía aproximada de $6.700 millones, por parte del municipio de Armenia, para la construcción de esta Institución Educativa, la cual fue entregada a finales del 2023.

Respecto a la vía Circasia-Montenegro, la CGR en acompañamiento que se realizó a la veeduría “mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro", además de lograr que la obra se entregara a principios del presente año hizo posible la consecución de $6.600 millones para atender un punto crítico denominado “Curva de Versalles”.

Igualmente, la CGR mediante 45 mesas de seguimiento y visitas participó activamente para que se entregaran 13 Instituciones Educativas FFIE por un valor de $99.959 millones, de las cuales 12 fueron nuevas o ampliadas por $99.793 millones y una fue mejorada por $166 millones. En la actualidad estos proyectos se encuentran en la fase de postventa verificando con contratistas e interventores que las obras hayan quedado funcionando debidamente.

La Contraloría apoya y estimula a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas necesarias para culminar todos los proyectos a su cargo y entregarlos a los quindianos. Igualmente, seguirá acompañando a la ciudadanía y abriendo espacios de diálogo para que estos proyectos no se conviertan en elefantes blancos.

No se firmará un nuevo contrato para elaborar pasaportes y ciudadanía no se verá afectada en su trámite.

El Gobierno del Cambio no firmará el contrato para adjudicar la elaboración de pasaportes con base en la propuesta presentada, informó este martes el ministro de Relaciones Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo.

Ministro de Relaciones Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo.
Foto: 
Juan Diego Cano - Presidencia. -
 “Hemos dicho que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, manifestó el canciller (e) en entrevista con el informativo Avanza el Cambio y confirmó que “la ciudadanía debe estar tranquila, no va a tener ninguna afectación en sus pasaportes”.

Vea la entrevista en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=oS6GdlWZybs

Explicó que en el proceso administrativo iniciado para la elaboración del documento “no se siguieron unos criterios que planteábamos como Gobierno, y es la pluralidad de los oferentes, y obviamente la transparencia y la competencia en este proceso”.

“Se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que realmente no garantizaron la competencia. Ahí se originó toda la controversia que se vive hoy.

Se dieron unas decisiones administrativas inadecuadas”, precisó el funcionario, y añadió que “en estas condiciones, es un proceso que hay que revisarlo”.

Murillo precisó que la Cancillería elevó consultas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Colombia Compra Eficiente.

“Y con base en eso seguiremos el camino para poder garantizar que lleguemos a una solución que sea aceptable y que sea la que más beneficie a los colombianos”, sostuvo.

Por último, indicó que se busca “manejar esto con mucha altura y con mucho respeto a todos los intervinientes”.

Servicios Públicos: quejas de usuarios y viejos problemas, los temas de Superservicios con empresas.

El Grupo Aqualia en el país. La empresa presta servicios a un millón 200 mil habitantes en 33 municipios, incluyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR El Salitre, en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico, Magdalena y Tolima. Tiene dos acueductos en propiedad y 33 concesiones municipales.

 En el mundo: Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del Mundo, según el último ranking de la publicación Global Water Intelligence (diciembre de 2022).

En la actualidad presta servicio a 43,5 millones de usuarios de 17 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Perú, Egipto, Emiratos Árabes, España, Francia, Italia, México, Omán, Portugal, Qatar, República Checa, Rumanía y Georgia.

Superservicios inició con Aqualia los encuentros con grupos empresariales para resolver problemas en la prestación de servicios públicos

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, inició con el Grupo FCC Aqualia S.A. las mesas de trabajo con los grupos empresariales que prestan servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en el país. El objetivo de estos encuentros es dar solución a problemas estructurales y reclamaciones recurrentes de usuarios en los territorios donde operan, a través de filiales.

 El superintendente, Dagoberto Quiroga, determinó hacer estos encuentros luego de identificar falencias en la operación y quejas comunes sobre las filiales de los grupos empresariales, durante los diálogos regionales con la ciudadanía realizados en diferentes territorios en 2023. “Hemos identificado problemas de carácter estructural en la calidad y eficiencia de los servicios públicos prestados en capitales y pequeños municipios, así como reclamaciones comunes que requieren una solución integral. Por esto estamos convocando a los directivos de los conglomerados empresariales del sector de servicios públicos para presentar la situación de sus operaciones locales, escuchar sus argumentos y establecer en conjunto decisiones de alto nivel para mejorar las condiciones de prestación de los servicios.”

Para el caso de Aqualia, la Superservicios informó a los representantes del grupo empresarial situaciones críticas como deficiencias en la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, cobros por promedio, falta de micromedición y fallas en los canales de atención a las comunidades donde operan. Estas situaciones han originado continuas alertas, inconformidades de la población e incremento en el número de peticiones, quejas y reclamos ante la entidad.

En este encuentro, el director país de Aqualia Colombia, José Ramón Díez-Caballero, explicó las complejidades y realidades de los 32 municipios donde opera, “Presentamos la problemática de la infraestructura que hemos recibido que, en algunos casos es obsoleta, o no existe. Recibimos servicios con problemas históricos de 30 años donde no se ha realizado ninguna inversión, con fallas en continuidad, fallas en presión, en calidad del servicio. Hemos informado al superintendente lo que estamos trabajando, las inversiones que estamos haciendo, los planes de desarrollo y cómo estamos evolucionando todos los servicios para cumplir con las obligaciones contractuales para mejorar el servicio y la calidad de vida de los usuarios”.

Entre los compromisos de este encuentro, se acordaron mesas de trabajo en el corto plazo, para revisar aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio a cargo del Grupo Aqualia en el país.

En esta jornada también participaron por Aqualia, la directora comercial, Ángela Yepes; el director de operaciones, Manuel Ruíz, y el director Jurídico Gabriel Romero, entre otros. Por parte de la Superservicios, asistieron los superintendentes delegados para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen; y para la Protección al Usuario, Ulver Triviño; y sus equipos de trabajo.

‘EPS Sanitas debe garantizar continuidad en la dispensación de medicamentos a usuarios’: Supersalud

Comunicado de pren​sa número 152 de 2023​​

Ulahy Beltrán Superintendente Nacional de Salud.

Bogotá, 31 de octubre de 2023. La Superintendencia Nacional de Salud, ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control y actuando como garante de los derechos de los usuarios se permite indicar que: 

1- Con respecto al comunicado emitido el 30 de octubre de 2023 por la empresa Cruz Verde, en calidad de dispensador de medicamentos e insumos de Sanitas EPS, esta Superintendencia solicita a Sanitas, como responsable del aseguramiento, garantizar la continuidad en los servicios.

En este sentido, se solicita la activación de un plan de contingencia de manera inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados, donde además difunda ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los insumos y medicamentos pendientes.

2- El ente de control viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por ADRES con destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud, en cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia con el fin de verificar la destinación especifica y oportuna de los recursos públicos que el Gobierno Nacional ha dispuesto y garantizado para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

3- Con respecto a los reclamos abiertos ante esta Superintendencia por los usuarios de Sanitas EPS a quienes no se les han entregado los medicamentos ordenados, este ente de control informa que está vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para su entrega, y su incumplimiento acarreará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ello hubiere lugar.

'No vamos a nacionalizar o a acabar con las empresas'. Superintendente de Servicios Públicos

El superintendente Dagoberto Quiroga aseguró que con la reforma a la ley de servicios públicos se buscará darle más dientes a la entidad.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios espera radicar en septiembre el proyecto de ley que busca reformar la ley que rige el sector desde hace 29 años. Ya hay varios temas definidos.


¿La calidad de los servicios públicos en el país es buena?
El servicio de energía es bueno en términos generales. En agua, hay mucha deficiencia, hay capitales como Santa Marta e Ibagué que no tienen un buen servicio y hay otras partes don­de la corrupción ha deteriorado el servicio, como en Valledupar. En el sector del aseo, lo que uno ve es corrupción. Los oligopolios les están haciendo trampa a los usuarios, están cobrando más de lo que transportan y el Estado ha sido más deficiente en el control.

¿Usted es de la filosofía de no más oligopolios?
No, yo no tengo la filosofía de acabar con los oligo­polios, estoy de acuerdo con una propuesta del pre­sidente Gustavo Petro que es democratizar la prestación de los servicios públicos y legislar para que en­tren nuevas empresas. Para la democratización hay que hacer una ley que facilite inversiones de pequeñas empresas e inversiones de autogestión de comunidades. Se trata de abrir más la libre competencia a las comunidades o a los pequeños empresarios que quieren entrar, esto es democratizar, no es esta tizar.

¿Las empresas están preparadas para el fenómeno de El Niño?
Los comercializadores están muy expuestos a las ventas de energía en bolsa y son los que más sufren por la opción tarifaría, tienen una deuda por cobrar de 6 billones de pesos. Si eso se suma a las consecuencias del fenómeno de El Niño, algunas empresas van a estar en una situación complicada. Hay algunos comercializadores que no van a resistir porque tienen la acreencia de la opción tarifaría, y el Gobierno está viendo cómo les resuelve algo para que tengan plata para comprar energía.

¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto?
Se está mirando si con Findeter se les ayuda a re­solver algo. Casi todas las que están en esta situación son electrificadoras del Gobierno.

¿Esto significa que Colombia no podrá superar El Niño sin preocupaciones?
Los cálculos dicen, primero, que el fenómeno de El Niño no va a ser tan fuerte como se pensaba inicialmente. Lo segundo es que si hay apagón no va a ser por falta de energía, sino por situaciones de las empresas. Las térmicas están preparadas.

¿Cuáles serían?
De pronto por saboteos. Nosotros percibimos que cuando se creó ese conflicto entre el Gobierno y las empresas de energía se habló de un eventual apagón, que no era por necesidad sino, de pronto, por presionar al Gobierno. Esto está también dentro de las posibilidades. El saboteo podría venir de algunas empresas. Yo me reúno mucho con los generadores y los comercializadores y hemos hablado de que tenemos que concertar.

Pero las empresas se arriesgan a que las investiguen por eso ...
Yo creo que los problemas se solucionan dialogando, el problema es que hay empresas que ganan y quieren ganar más y más y no ceder. Yo les he dicho a los empresarios que en una concertación todos tienen que poner. El sector privado tiene que ser consciente de que tiene que poner, nadie le está diciendo que no gane porque ellos tienen su negocio y han jugado un papel muy impor­tante en el desarrollo del país, pero ante una eventual crisis, tenemos que poner todos.

¿El Presidente insistirá en asumir las funciones de la Creg?
No se va a hacer. Nosotros lo que queríamos era acelerar un poco las medidas. Antes, la Creg era la que había dejado el anterior gobierno y era muy difícil esperar que se tomaran medidas. Lo que les he dicho a los empresarios es: no se pongan a especular sobre que aquí vamos a nacionalizar o a acabar con las empresas o les vamos a acabar la rentabilidad.

¿Qué incluirá la reforma de la ley de servicios públicos?
El criterio que tenemos en la Superintendencia es que hay que construir sobre lo bien construido, lo que esté bien hay que dejarlo; si es susceptible de mejorar, se mejora, y si hay que cambiarlo, se cambia. El Presidente ha dicho que quiere garantizar un mínimo vital porque los servicios públicos son esenciales. También hay que fortalecer a la Superintendencia porque la mitad del país no tiene un funcionario de la entidad, solo hay siete regionales. Todavía no tenemos claro si se tocará la regulación de la Creg sobre las tarifas de energía, es posible que se toquen, pero no para quitarle las funciones.

¿Aumentarán las sanciones que pueden imponer?
Queremos darle a la Superintendencia más dientes. En el Gobierno pasado se aprobaron unas sanciones drásticas hasta por 100.000 salarios mensuales, pero se cayeron por­que se aprobaron en un Plan Nacional de Desarrollo y la Corte Constitucional no lo avaló. Ahora la sanción máxima que tenemos es de 2.000 salarios mensuales y hay empresas que prefieren pagar ese dinero y seguir cometiendo la misma falla.

¿Cuándo se radicará el proyecto de ley?
Aspiramos a que en muy poco tiempo tengamos el proyecto para someterlo a comentarios y aportes de las empresas o de las mismas organizaciones de usuarios. A milo que me interesa más es presentar un proyecto que realmente llene las expectativas, que ojalá sea concertado para que no tengamos tanta controversia y riesgo de que no se apruebe. Yo aspiro a que la radicación no pase de septiembre.

¿Habrá más ajustes a la tarifa de energía?
Lo que propone el presidente Perro es quitar esa percepción de los generadores de fijar las tarifas a su libre percepción, sino que se evalúe el costo de oportunidad del agua. Nosotros no podemos medir la libre percepción, pero sí podemos medir la energía térmica, que es la más cara y no entendemos por qué oferta a 100 pesos el kilovatio hora en bolsa y una hídrica oferta a 500 pesos. Otra propuesta es que el precio en bolsa no pueda ser más alto que el más alto de las térmicas, porque las térmicas son las que más podrían pedir un costo por kilovatio altísimo y las hídricas tienen un costo más barato.

¿Cuándo estarán listos esos ajustes?
Al ministro (Andrés Camacho) le planteamos la necesidad de que sea urgente porque ahora viene el fenómeno de El Niño y también está la opción tarifaria. Además, la sequía hace que las tarifas suban porque el servicio lo van a atender las térmicas. Eso es preocupante.

DAGOBERTO QUIROGA
Superintendente de Servicios Públicos

Con tecnología y apoyo de empresas de vigilancia, gobierno fortalece la seguridad ciudadana.

El gobierno nacional hará una importante inversión en tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana en las grandes ciudades del país, en un trabajo conjunto de la Fuerza Pública con las empresas de vigilancia privadas.

La próxima semana ​se realizará una reunión entre el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y empresas de seguridad privada, para analizar una estrategia encaminada a mejorar la seguridad urbana, para lo cual se realizará una inversión en tecnología del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Hay todo un plan para responder a las demandas ciudadanas y especialmente a las amenazas de la delincuencia urbana y rural”, dijo.

La noticia se conoció al término de la reunión del Consejo de Paz y Seguridad Ciudadana, este martes en la Casa de Nariño, liderada por el presidente Gustavo Petro y que contó con la participación de los ministros de Interior y Defensa, el director de la Policía y los altos mandos de las Fuerzas Militares.

El ministro Velasco reveló que en la actualidad se adelantan operaciones ofensivas de la Fuerza Pública “que buscan desarticular estructuras financieras de grupos insurgentes y de bandas criminales (bacrim)”.

“Cuando hay este tipo de ofensivas fuertes, la reacción que ocurre generalmente es tratar de distraer a las fuerzas golpeando por fuera de las zonas en donde están siendo atacadas estas estructuras”.

“¿Cuál es la lógica nuestra? Si nosotros logramos controlar y golpear las estructuras financieras de la insurgencia y de las bandas criminales será mucho más fácil el sometimiento a la justicia y hacer una negociación con ellos. Y en esta lógica, ellos estás reaccionando”, dijo el titular de la cartera del Interior.

“Tenemos que prepararnos, como evidentemente la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada lo están haciendo para evitar el contragolpe de estos grupos delincuenciales”.

En todo el país se está cumpliendo la orden del presidente de la República de retirar a los policías bachilleres de las cabeceras donde hay mayor riesgo y conflicto y de “llevar, estrictamente, profesionales de la Policía para que protejan a la c​iudadanía y eviten ser golpeados”, puntualizó el ministro Velasco.

Grupo Aval y Corficolombiana estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado.

En un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país, estimó Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria que recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.

“Si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”, explicó la directora.

“Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”, agregó.

La justicia estadounidense, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana tras el reconocimiento en ese país de dichos grupos de haber pagado sobornos en Colombia, para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.

“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.

Zamora recordó que, en caso de ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.

La Directora de la entidad que protege a Colombia en materia jurídica también reiteró que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.

“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.

La directora Zamora explicó que los casos de conglomerado económico Aval y Corficolombiana, su despacho tramita la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond, por acciones que afectaron los recursos del Estado colombiano.

Por instrucción del presidente Gustavo Petro, del pasado 15 de agosto, la Cancillería utiliza todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de EE.UU. y de Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”, según dijo, entonces, el Mandatario.

El Jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.

Siendo congresista, el hoy Presidente de la República, realizó sendos debates por el caso Odebrecht y, desde entonces, instó a las autoridades judiciales del país a incorporar los resultados obtenidos en tribunales estadounidenses contra estas compañías por este emblemático caso de corrupción.

Tanto Corficolombiana como Grupo Aval fueron acusadas y sancionadas en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La SEC determinó que Corficolombiana, a través de su expresidente (José Elías Melo) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato en la Ruta del Sol II.

En Colombia, el entonces Superintendnete de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, imputó cargos a Corficolombiana y a Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.

En diciembre de 2016, Odebrecht - hasta entonces una firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que confesó los sobornos.
Boletín preparado con información del Informativo Colombia Hoy Radio, emisión agosto 22 de 2023.

Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas

 Ante un auditorio colmado de participantes nacionales y extranjeros del “Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos”, el presidente, Gustavo Petro Urrego denunció que “Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” por casos de corrupción.

Al cuestionar las razones por las cuales la empresa no ha respondido en Colombia por sus delitos, el mandatario aseguró que no es porque “hayan sido muy astutos; son criminales de una red en este caso, —pues no es que sepamos del narcotráfico–, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”.
“No fue porque se escaparon a tiempo. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el mandatario.
El presidente señaló que los vinculados en los procesos de corrupción que adelantaban las autoridades​ prefirieron salir del país a otras naciones. “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”, anotó.

Debido a que, entre Colombia y Brasil no existía un acuerdo de cooperación judicial, no eran extraditables, dijo al explicar que “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y, sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario”.

El caso de los sobornos

En su intervención, el presidente Petro se refirió a las posibles inconsistencias que se registran en las confesiones contradictorias de los vinculados en los casos de soborno de Odebrecht.

Aseguró que las versiones dadas por los vinculados en los tribunales de justicia de Estados Unidos y Colombia fueron diferentes. Sustentó que el único corrupto del Grupo Aval, hasta hoy, es el señor José Elías Melo, quien confesó que en Colombia pagó sobornos por seis mil millones de pesos, pero en EEUU dice que fueron 26 millones de dólares. Pues alguien miente, afirmó el mandatario.

“El señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó seis mil millones de pesos y allá dicen que fueron 26 millones de dólares, o allá mienten o aquí Melo mintió, luego la justicia no sirvió”, aseguró.

“¿Qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como ponerlos a todos presos y recuperar los dineros y saber a quiénes sobornaron?”, cuestionó el presidente.

“Nosotros no sabemos a quiénes sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios”.

“Los intermediarios, la mayoría, están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata, porque la plata llegó a los del poder político”, concluyó.

Los señalamientos del mandatario se refieren a los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios, para que le dieran vía libre a la adición del proyecto Ocaña-Gamarra (2013) contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II.

Alerta para candidaturas: no hacer cuentas alegres.

Conocer los gastos fijos de endeudamiento, funcionamiento, pasivo contingente y vigencias futuras del municipio o departamento antes de fijar las propuestas de campaña que harán parte de cada programa de gobierno, fueron algunas de las recomendaciones entregadas por expertos a los candidatos que aspiran a ocupar alguna de las alcaldías y gobernaciones en las elecciones regionales de octubre próximo.



DNP.- Las sugerencias fueron hechas dentro del cuarto diálogo de la estrategia del Gobierno Nacional, “Juntos por el Territorio”, liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde se dieron a conocer algunas claves para crear un efectivo programa de gobierno desde las finanzas públicas.
Carolina Rozo, directora técnica de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP, manifestó: “El programa de gobierno es el primer momento de planificación real, es el punto de partida en una relación democrática entre quienes aspiran a ser gobernantes y las comunidades; y es un instrumento clave para medir la gestión de un alcalde o gobernador”.

Rozo explicó que un plan de gobierno debe permitirles a los candidatos recoger las inquietudes de la comunidad, establecer propuestas de intereses comunitarios y no particulares; conocer cuáles son las fuentes de recursos con las que se cuenta para cumplir con el programa, y tener las bases para armar el programa de desarrollo de cada municipio o departamento.

Por su parte, la secretaria de Hacienda de Cundinamarca, Erika Sabogal, pidió a los candidatos “no hacer cuentas alegres. De los recursos de un municipio o departamento, cerca del 60 % son trasferencias de la nación para temas específicos como educación, salud, y agua potable, entre otros, y cerca del 40 % podría llegar a ser de libre destinación. Aquí se debe mirar qué inflexibilidades hay y cuál sería su destinación para cumplir con las propuestas que hicieron en los programas de gobierno con los que fueron elegidos”.

Para Sabogal, conocer el presupuesto público del municipio o departamento “es tener clara la columna vertebral de cada una de estas entidades territoriales, pues para que se mantenga vigente un gobernante en materia política y de liderazgo, necesita tener claridad financiera y ser excelente ejecutor”.

En representación de los alcaldes en ejercicio estuvo Jorge Iván Osorio del municipio de Génova (Quindío), quien compartió su experiencia y alertó: “¡Pilas! Los programas de gobierno deben ir atados a planes de desarrollo departamental y el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es fundamental. No podemos hablar otro idioma. Si no existe esa sinergia en esos tres planes, no logramos absolutamente nada”.

A su turno, Fernando Olivera, asesor de la dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, aconsejó conocer el Kit de Planeación Territorial, una herramienta creada por el DNP para apoyar a los gobiernos municipales y departamentales en la construcción de su Plan de Desarrollo Territorial (PDT). El Kit se compone de una serie de guías orientadoras, acompañadas de formatos, videos explicativos, un conjunto de contenidos de apoyo y una plataforma tecnológica que facilitarán la formulación del PDT 2024-2027.

Olivera resaltó que las fuentes de información que pueden consultar los candidatos para tener cifras fiscales son la misma entidad territorial, las ejecuciones presupuestales que tiene la administración saliente; a nivel nacional está el Kit de Planeación Territorial; los Catálogos de Reporte que está en la página del Ministerio de Hacienda. Los ministerios también tienen información que debe ser consultada para construir los análisis base de los programas de Gobierno.

El próximo diálogo de la estrategia “Juntos por el Territorio” será este martes a las 10:00 a.m., cuyo tema será las “Regalías como instrumento de Bienestar”, trasmitido por el canal de YouTube de Planeación Nacional.​

La impunidad ante la corrupción en Colombia

El Secretario de Trans​parencia, Andrés Idárraga, presentó ante la opinión pública, el primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.




La investigación inició hace varios meses y comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos.

 De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.


En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.


En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.

En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; ​Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.


Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.


El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.

En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.​


Por esto, la presencia aquí, de gran parte del Gobierno, es para enviarle un mensaje inequívoco a los colombianos: “el presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord. Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”.

El secretario agregó: “Estamos en la obligación de cuidar cada peso que se invierte de forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y no que ayude a los que más tienen, no seremos cómplices de la desigualdad. La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”.

“En este gobierno, como lo señaló el presidente Gustavo Petro, luchamos contra la corrupción “caiga quien caiga”. Aquí no hay corrupción buena o mala, menor o mayor, corrupción es corrupción y seremos implacables para combatirla”, concluyó el secretario.

El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Está conformada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

Histórica reducción de la deforestación.

El Gobierno del Cambio contuvo la tendencia creciente de la deforestación en el país durante el 2022, logrando una reducción de 29,1% respecto al 2021, así lo dio a conocer la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, a través del informe oficial de los resultados de la deforestación en 2022, realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).


Esta es la cifra más baja desde 2013 y se logró gracias al Plan de Contención de la Deforestación que viene implementando el Gobierno desde agosto del año pasado; es decir, que en cinco meses se logró revertir la tendencia ascendente de la deforestación que venía del primer semestre de 2022 y que representó el 72% del total de la deforestación del año, mientras que con la llegada del Gobierno Petro solo presentó el 28%.

Dicha reducción del 29,1% significa que la deforestación pasó de 174.103 hectáreas (ha) deforestadas en 2021 a 123.517 ha en 2022. Con este importante resultado, se superó la meta propuesta por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo que planteó una reducción del 20%, respecto al año 2021.

También esta reducción genera las condiciones habilitantes para lograr un posible pago por resultados en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) firmada entre los gobiernos de Noruega, Reino Unido, Alemania y Colombia en la COP de París en 2015, que se fijó como propósito reducir la pérdida de bosque natural a 155.000 ha o menos por año.

Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Aunque la reducción de la deforestación para 2022 es histórica, la Ministra Muhamad reconoció que el trabajo debe mantenerse en los próximos años.

"Hay una satisfacción inicial, pero con los pies en la tierra. El cambio de estrategia generó un resultado, pero ahora el reto es sostenerlo el siguiente año. Superamos la meta del Plan Nacional de Desarrollo de reducir el 20% y logramos el 29,1%", dijo.

Además, advirtió que la llegada del fenómeno de El Niño al país podría convertirse en un factor que acelere la deforestación en el segundo semestre del 2023 en el territorio nacional, principalmente en la Amazonía.

“El Niño genera condiciones críticas sociales, entre ellas, permitir que las rentas ilícitas tengan más oportunidad de instrumentalización, ese es un primer riesgo. Otro tiene que ver con la vegetación que hace más susceptible la posibilidad de incendios forestales y operaciones de deforestación planificadas y, lo tercero, es que tengamos la capacidad de reacción preventiva de las situaciones que se pueden presentar para abordarlas a tiempo y que no se nos escalen”, mencionó la titular de la cartera de Ambiente.

Amazonía, región de mayor reducción en el país

En el arco amazónico, que comprende los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, la reducción fue de 26% respecto al 2021, es decir 45.490 hectáreas de bosque natural dejaron de ser arrasadas en 2022.

Los cuatro departamentos del arco amazónico marcaron la tendencia de reducción nacional, así: Caquetá (-50%), Guaviare (-37%), Meta (-34%) y Putumayo (-15%). De hecho, Caquetá fue el departamento con mayor reducción de la deforestación en el país, pasando de cerca de 38.390 ha a 19.200 ha.

Este resultado se logra gracias a los acuerdos sociales consolidados con las comunidades en Caquetá, Meta y Guaviare, y la inclusión de la deforestación en la Paz Total.

Adicional a estos departamentos en la Amazonía, Catatumbo (Norte de Santander), Serranía de San Lucas (Antioquia y Bolívar), Norte de Pacífico y Paramillo (Córdoba y Antioquia) son otros núcleos de deforestación relevantes en el país.

​Por otro lado, en la jurisdicción de los Parques Nacionales Naturales de Colombia la deforestación fue de 12.449 ha, con una reducción de 12,8% respecto al 2021. Los parques Tinigua, Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete, La Paya, Cordillera de Los Picachos y Reserva Nacional Natural Nukak fueron los de mayor reducción en 2022. Sin embargo, en el Paramillo incrementó la superficie deforestada.

Un trabajo sostenido en 2023

Para el primer trimestre de 2023, la Amazonía tuvo una reducción del 76% de la deforestación respecto al mismo periodo del año 2022, al pasar de cerca de 50.500 ha a cerca de 12.000. Un dato que muestra que las acciones realizadas en esta región del país han tenido resultados sostenidos desde agosto de 2022.

Los acuerdos sociales de conservación y forestería con las comunidades, factores climáticos regionalizados, la inclusión del tema de la deforestación en los diálogos de Paz y la priorización de áreas para la acción integral, entre otros factores, ayudaron a lograr una reducción en la deforestación.

10 millones de bovinos vacunados contra aftosa

El ICA y Fedegán-FNG- continúan con el primer ciclo de vacunación de 2023 contra fiebre afosa en el país y acaba de culminar la tercera semana con un reporte positivo y según el cual se ha vacunado contra fiebre aftosa el 34,2 % del hato bovino nacional y, asimismo, el 42,4 % contra brucelosis y el 30,7 % contra rabia de origen silvestre.


El ciclo ordenado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y ejecutado por la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, gremio que administra el Fondo Nacional del Ganado, FNG, inició en junio 5 y culminará en julio 19, lo que revela que se ha llevado a cabo durante 21 días consecutivos de los 45 que se dedicarán a dicha campaña de salud animal.

“De acuerdo con el tercer informe de situación preliminar que comprende el periodo entre el 5 y el 25 de junio, se ha logrado la vacunación contra fiebre aftosa del 34,2 % del total del hato bovino nacional, es decir, que se ha protegido contra dicha enfermedad 10,1 millones de bovinos (10.137.688 animales) de los 29,6 millones que conforman la población total estimada para proteger de esta enfermedad”, informó Juan Fernando Roa Ortiz, gerente (e) del ICA.

Revela el informe preliminar que la gestión hasta la fecha se ha llevado a cabo en el 37,7 % de los predios bovinos, esto es, en 232.290 fincas dedicadas a la producción de ganado a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Una mayor cobertura se observa en el departamento de La Guajira, que ya ha vacunado el 46,5 % de su hato bovino en el 39,7 % de sus predios.

Para el departamento de Caquetá, se han realizado actividades de seguimiento por parte del ICA en el municipio de Cartagena del Chaira como priorizado, generando estrategias de educo comunicación con las comunidades y ganaderos, explicando la importancia de la vacunación en los tiempos establecidos.

A este comportamiento le siguen los siguientes sitios geográficos del país: Vaupés con el 45,3 %, Nariño (42,7 %), Córdoba (39,2 %) y Boyacá (38,7 %).

Brucelosis 42,4%

El primer ciclo contempla, asimismo, la vacunación contra la brucelosis bovina en todo el país y hasta la fecha se han protegido contra dicha enfermedad 540.000 terneras correspondientes a las edades entre los 3 y los 9 meses de edad.

Este resultado permite observar la protección del 42,4 % del total del hato de hembras bovinas en el país.

“El informe indica que es una gestión realizada en el 42,1 % de los predios que contemplan la programación del ICA”, manifestó José De Silvestri, gerente técnico de Fedegan

Rabia 30,7%

La información indica también que se ha vacunado el 30,7 % del hato contra la rabia de origen silvestre, es decir, 3.152.341 bovinos.

Dicha labor se ha llevado a cabo en 18 departamentos que fueron seleccionados por el ICA de alto riesgo de esta enfermedad.

DNP alerta a la ciudadanía sobre circulación de formularios falsos del Sisbén

Ante una serie de denuncias ciudadanas, el Departamento Nacional de Planeación aclara a la opinión pública que para solicitar la encuesta Sisbén IV no se debe pagar para diligenciar ningún formulario, ni se debe hacer por medio de ningún tipo de intermediario.



El proceso indicado para solicitar le encuesta consiste en asistir presencialmente a las oficinas locales dispuesta por cada alcaldía o hacerlo de manera virtual siguiendo las instrucciones en el https://portalciudadano.sisben.gov.co/. Una vez realizado, el personal del Sisbén contacta a las personas y acude directamente a sus hogares para realizar la encuesta de clasificación.

Así mismo, el DNP insiste en que ni la entidad ni el Sisbén IV otorgan subsidios a la ciudadanía. La función del Sisbén es clasificar a la población de acuerdo con una serie de condiciones socioeconómicas, con el ánimo de poder focalizar mejor los programas sociales a lo largo y ancho del país.






Actualmente son 16 las entidades que, a través de 29 programas sociales, hacen uso del Sisbén IV para distribuir sus recursos. Por este motivo, el DNP invita a la ciudadanía a solicitar la encuesta para que la población que más lo necesita pueda recibir estas ayudas.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades de este estilo al correo denuncia_sisben@dnp.gov.co. Gracias a este tipo de acciones evitaremos que más personas caigan en manos de inescrupulosos y agilizaremos el ingreso de más colombianos al Sisbén.

Clasificación en el Sisbén

Desde el 2021, con el Sisbén IV se está analizando la capacidad de generar ingresos de los hogares a partir de factores socioeconómicos como educación, empleo, salud, composición características del hogar, entre otras relacionadas con el entorno que antes no se tenían en cuenta.

A partir de esa información, se clasifica la población en 4 grupos: hogares en pobreza extrema (grupo A), hogares en pobreza moderada (grupo B), hogares vulnerables (grupo C), y hogares no pobres ni vulnerables (grupo D).}

​Cada grupo está compuesto por unos subgrupos, formados por una letra y un número, y que también se diferencian por su mayor o menor capacidad de generación de ingresos. De esta forma el grupo A está conformado por 5 subgrupos (A1-A5), el B por 7 (B1-B7), el C por 18 (C1-C18) y finalmente el grupo D por 21 subgrupos (D1-D21). ​

Importante.

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